‘La
violencia política ha saltado del mundo físico al entorno virtual’ como afirman los magistrados brasileros Alexandre de Moraes y Edilene Lôbo en su Manifiesto necesario, de enorme actualidad y que encara una realidad indiscutible.
Hoy, muchas violencias y actitudes criminales se realizan privilegiadamente en la infoesfera
digital a través de ‘las plataformas exploradas por empresas transnacionales,
las grandes tecnológicas (bigtechs)’.
Incluyen
‘amenazas físicas, invasión de páginas o perfiles, jaqueo de cuentas y
divulgación de datos personales hasta noticias falsas’, ‘ciberacoso’, deepfakes
‘mediante inteligencia artificial, en un falseamiento bastante creíble’ e
inéditos, incontables y graves ‘riesgos para los derechos fundamentales’.
Como afirma certeramente
el Manifiesto, ello es un gran peligro
para las sociedades plenamente democráticas que solo pueden desarrollarse si su
ciudadanía dispone de ‘un entorno seguro y libre de interferencias para la
formación de juicios propios’. Pues,
sin esas garantías,
de poco sirven los procedimientos electorales y participativos directos o
indirectos a través de los cuales la ciudadanía ejerce la absolutamente
necesaria guía y más alta vigilancia sobre sus estados democráticos de derecho.
Por tanto, es urgente actuar, prevenir, minimizar y revertir los muchos riesgos
para la democracia y los derechos humanos que se despliegan en esas
poderosísimas plataformas digitales e inteligencias artificiales.
Normalmente defenderíamos
encarecidamente que fuera el propio estado y sus instituciones democráticas las
que se hicieran cargo de prevenir, evitar y reconducir esos daños y crímenes.
Pero dada la velocidad de los cambios y que hoy el Estado de derecho está muy
exigido en infinitos frentes y muy limitado en la posesión de las tecnologías
necesarias, aceptamos el principio que consideramos que está implícito en el
Manifiesto de Moraes y Lôbo. Lo formulamos así: quien crea y se beneficia en
primer lugar del algoritmo posibilizante
de la nueva criminalidad es responsable de prevenir y evitar los perjuicios
sociales de los que este se ha convertido en complice necesario.
Sabemos que es un
principio complejo, discutible y, por eso, lo destacamos para la discusión
democrática política,
jurídica y ética. Dada la urgencia de la problemática
señalada y hasta que haya una alternativa de eficacia contrastada, coincidimos
con el Manifiesto de Moraes y Lôbo en implicar y responsabilizar a ‘las
empresas propietarias de las plataformas que la utilizan [la inteligencia
artificial] para sus productos’.
Pues
consideramos que tales
empresas no pueden inhibirse de las problemáticas criminosas
que sus actividades hacen posibles
y potencian, sin poner las mismas tecnologías y medios implicados
a minimizar las consecuencias negativas así posibilitadas. Especialmente ello
es responsabilidad de las multinacionales tecnológicas (bigtechs) que han
creado y obtienen beneficios astronómicos de las plataformas y desarrollos de
inteligencia artificial que se convierten en complices necesarios para la
comisión digital de los crímenes y vulneraciones de derechos mencionados.
Con cierta reticencia
pero en mor del realismo en las necesarias y urgentes respuestas, coincidimos
con el Manifiesto en que corresponde a la bigtechs y empresas beneficiarías de
las plataformas digitales ‘el deber de precaución, prevención y reparación’ que
permitan minimizar las posibilidades de atentar en contra de las personas y sus
derechos fundamentales a consecuencia de las nuevas tecnologías de que esas
empresas se beneficían largamente.
Directamente no se puede
responsabilizar a las empresas de plataformas difituales de los actos maliciosos ni criminales concretos, pero sí del
correspondiente deber de ‘invertir en el aprendizaje de las máquinas para la
creación de algoritmos rastreadores’
que permitan detectarlos, incriminarlos y, quizás, prevenirlos. Pues,
lamentablemente, en la
actualidad, el estado democrático de derecho no dispone por si
solo de los medios suficientes para tal necesaria tarea.
La urgencia del problema
y el realismo para minimizar el número de damnificados comporta aceptar el
principio -que en este caso es inevitable- de ‘combatir el mal uso de la
tecnología con más tecnología’. Las empresas creadoras de las tecnologías y que
se benefícian de ellas deben aportar el apoyo técnico y financiero -de manera
proporcional y equitativo- para el desarrollo ‘de algoritmos de seguimiento
para enfrentar la violencia política [el cual] deberá partir de las propias
plataformas, siguiendo directrices internacionales para la promoción y
protección de los derechos humanos’.
También deben colaborar con las
instituciones del estado democrático de derecho y las organizaciones de gobernanza mundial en
‘el desarrollo de canales de denuncia ágiles supervisados por personas humanas,
con reglas y términos de uso accesibles, conectados a agencias de fiscalización
y represión de delitos cibernéticos’.
Por otra parte,
consideramos prerrogativa y obligación del estado democrático de derecho de
legislar dentro de los marcos de gobernanza internacional y -si hace falta-
‘prohibir la monetización de canales y perfiles con contenido de violencia
política, además de la suspensión preventiva del uso de los servicios ofrecidos
hasta que se verifique la adecuación y el respeto a los derechos políticos
involucrados.’
Saludamos, pues, el
manifiesto de Moraes y Lôbo como una aportación totalmente decisiva y oportuna
para proteger e incluso mejorar la democracia de alto nivel ante los riesgos
tecnológicos pero también sociales, políticos y civilizacionales que actualmente
la amenazan.
Sin ninguna duda, las
personas y la democracia lo agradecen.
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