CALIDAD DEMOCRÁTICA

¿Hasta qué punto puede mandar democráticamente el pueblo? ¿Hasta qué punto hay que escuchar y obedecer a la ciudadanía? ¿Las demandas populares pueden ser desoídas por los políticos profesionales de forma permanente y en función de argumentos tecnocráticos? ¿Los llamados "representantes" populares pueden tener intereses y actuaciones opuestos a los ciudadanos que los han designado? ¿El pueblo es como un  niño que debe ser reprendido y reconducido por sus "tutores" que son los "políticos profesionales"?

¿Las instituciones y leyes pueden aprisionar permanentemente la voluntad popular? ¿No es el grado supremo de corrupción (y fuente de todas las corrupciones) sustraerse al mandato y vigilancia constante de la ciudadanía? Si la política "oficial" la hacen tan sólo los "políticos profesionales" y la población no tiene nada que decir ¿qué evita que terminen generándose una "casta" y unas "élites extractivas"? "Todo por el pueblo, pero sin el pueblo" ¿no termina convirtiéndose inevitablemente en "nada para el pueblo, todo para la casta"? ¿La política no deja de ser, entonces, un servicio y se convierte en una profesión "extractiva" y parasitaria?

Estas cuestiones han resonado -una vez más- en mi cabeza en la entrevista que me acaba de hacer Sandra Yáñez. Evidentmente no las resuelvo, pero pienso que son las que siempre están por debajo de los distintos conflictos actuales. Detrás de las obvías diferencias, vuelven a aparecer una y otra vez. Sólo resolviéndolas, resolveremos esos distintos conflictos que nos afectan.

Primavera Catalana: ¿Qué es, en realidad, lo que está en juego, políticamente hablando, en todo el actual proceso catalán?

Gonçal Mayos: El debate último es el nivel de agencia y de actuación propios de la población. Es una cuestión muy actual y muy transversal ideológicamente. La política oficial considera que la población debe limitar su acción política a las elecciones representativas cada x años. El resto del tiempo y para todas las otras cuestiones, “La Política” es algo que compete en exclusiva a una casta de “políticos profesionales” y la población debe aceptar que no es un sujeto político por sí mismo (tan sólo por representación y bajo muchas restricciones).

Desde hace ya unas décadas con los llamados “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS) y con más insistencia últimamente, que la ciudadanía no se resigna a esa situación subordinada –sufriendo sus consecuencias sin ser realmente escuchada como en la actual crisis- y está impulsando una profunda reforma de la política oficial. El conjunto de la población quiere empoderarse verdaderamente de y en la política, dándole un nuevo y superior nivel de democracia.

La propuesta de referéndum y de construir un estado propio y más justo a Catalunya (ya sea independiente o federado, pero dentro de Europa) es un proyecto de regeneración profunda de la democracia. No es un secreto que Catalunya está incomoda, desde hace mucho tiempo, con la estructura estatal, la corrupción y los crónicos tics poco democráticos. Por eso la población ha encontrado en la exigencia de un estado propio (ya sea federado o independiente) una manera de forzar la necesaria reforma, que la casta hegemónica (Acemoglu y Robinson hablan de “élites extractivas”) ve con pánico y bloquea todo lo que puede.

PC: ¿Dónde podemos inscribir lo que está pasando en Catalunya? ¿A qué responde que tanta gente se haya volcado a pedir que se le deje votar?

GM: Claramente y como he apuntado, se vincula con movimientos como los indignados y otras exigencias de mayor calidad democrática. Pues muy diversas capas de la sociedad civil buscan ser escuchados, regenerar la política y tener mayor recorrido democrático. El lema “No nos representan” del 15 M que –mutando mutandis- es repetido en muchos lugares, enlaza con la base común de los NMS y expresa la necesidad de rehacer el pacto social para conseguir instituciones que realmente representen y acojan los intereses de la población.

En España venimos de una dictadura franquista y en la “transición” se desvelaron esperanzas muy positivas, muchas de las cuales han sido cruelmente frustradas. Ahora se ve –como decía el franquismo- que efectivamente “todo está atado y muy bien atado”. El actual sistema es corrupto, ha mantenido la hegemonía política de los herederos del franquismo y no acepta ser reformado ni que el pueblo ejerza un verdadero control de la política “profesional” y un activo liderazgo democrático.

Fíjense que -desde el comienzo de este proceso- no ha habido negociación y que la “política oficial” en Madrid se ha limitado a desgastar el movimiento popular y a fomentar su división. El gobierno –con al apoyo de la práctica totalidad de la política oficial- niega la posibilidad de votar y, sobre todo, se escandaliza ante la más pequeña iniciativa política de la gente. Eso provoca la humillación de los ciudadanos catalanes que se sienten olvidados, relegados y traicionados por los altas estructuras políticas y “democratísimas” de España y Europa. 

Además, esos mismos les imponen brutales recortes en salud, educación, políticas sociales… y –en cambio- derrochan en favor de los bancos y minimizan la corrupción. Incluso –en pleno siglo XXI- se resisten a las propuestas e intervenciones de la ciudadanía en una política oficial que consideran una especie de “coto privado”. Eso llega al extremo cuando mantienen una oposición radical al voto y se cierran a cualquier tipo de negociación, pacto o reforma.

PC: ¿Cómo se puede conectar el movimiento a favor de la consulta en Catalunya con los que han surgido en Canarias para que a la gente se le consulte sobre la extracción de petróleo o la que han promovido los partidos de izquierda para que los españoles decidan si quieren seguir siendo una monarquía o si su deseo es convertirse en república?

GM: En todos los casos el problema de fondo es el mismo. La política oficial y tradicional no quiere perder su cómoda hegemonía y por ello se niega a ceder iniciativa a la sociedad civil. Esas consultas son un ejemplo de que la ciudadanía tiene iniciativas y capacidad de generar proyectos que generan mucho consenso, pero que chocan con la hegemonía de la política oficial y los intereses de la llamada “casta”. Ésta –con sospechosa unanimidad- se pertrecha detrás de leyes, reglamentos e instituciones bloqueando la acción ciudadana, llegando incluso a negar su derecho de expresión y de voto.

Porque es evidente que no hay ninguna ley que impida manifestarse a la gente y en el caso de Catalunya votar. Todas esas consultas serían legales, si no se temiera su resultado, pues lo que solicitan se ampara en la legalidad constitucional, pero la política oficial que controla el Estado se niega a reconocerlo porque teme perder privilegios.

Las preguntas clave frente a lo que está ocurriendo son: ¿hasta cuándo la política oficial puede permanecer indiferente e ignorar las demandas de la población? ¿Si podrá mantener el conjunto de la población su esforzada exigencia democrática de regeneración? ¿Se resignará? ¿Quién ganará a corto y a largo plazo? Y eso incluye preguntarse por el papel que jugará Europa y la Comunidad Europea que se están construyendo y sufren también enormes déficits democráticos.

De lo que hablamos es del enfrentamiento entre la vieja política oficial y nuevas-viejas exigencias del conjunto de la población para que se le reconozca políticamente y se le permita incidir mejor en la vida democrática del Estado. Los ciudadanos están cansados de que la política la hagan políticos burócratas y exigen una democracia más exigente y de mayor nivel, donde el pueblo es el agente principal, cuya acción y vigilancia democrática va mucho más de designar sus “representantes” entre la reducida casta de los “políticos profesionales”.

Al respecto, es muy significativo que la llamada “ley mordaza” se haya impulsado precisamente como respuesta a la creciente presión popular en las plazas, en las redes sociales e –incluso- a través de los medios de comunicación tradicionales. Resulta obvio que responde al miedo de las "élites extractivas" ante la vigilancia y presión democráticas de la gente.

PC: ¿Qué representa la insistencia del Estado español en prohibir, a través de sus impugnaciones permanentes, cualquier iniciativa de consulta en Catalunya?

GM: Para los catalanes, y para cualquier ciudadano del mundo que exija lo mismo a su estado, esta actitud representa una brutal humillación política y una peligrosa amenaza a la democracia. La ciudadanía siente negados sus derechos, su dignidad humana y política, sus iniciativas y demandas, e incluso la única verdadera fuente de regeneración política hoy pensable. Siente que una pequeña “casta” elitista puede contrapesar la indignación popular de forma duradera y sin que se vea impulsada a cambiar. En última instancia se siente desposeída de la acción política y expulsada de una verdadera democracia.

PC: ¿Es importante votar para recuperar la dignidad? ¿Tiene esta votación un valor simbólico que aporte algo al proceso?

GM: Aún en el deficitario formato actual, la votación tiene la enorme importancia de objetivar la intención popular, pues todo lo demás puede relativizarse, negarse o menospreciarse (y tenemos constantes ejemplos). Esta votación pone a la clase política oficial y profesionalizada frente al veredicto explícito y objetivo de la crítica de la ciudadanía. Democráticamente eso es demoledor, por eso da miedo.

Esa votación es la muestra de que la población no se siente representada y que tiene proyectos propios, muchos de ellos factibles y regeneradores de la calidad democrática de las instituciones.

PC: Políticamente hablando ¿qué puede pasar después de la votación del domingo?

GM: La votación sin duda tendrá un peso y mostrará la necesidad –como mínimo- de permitir una consulta con todas las garantías posibles y vinculante. No olvidemos las dificultades enormes bajo las que se realizará la votación del 9N. Sin duda debe ser seguida y ampliada por otras votaciones y acciones plenamente legales, que permitan expresar un mandato popular indiscutiblemente soberano.

Quieran o no, las anquilosadas instituciones políticas actuales tienen que asumir sus déficits democráticos y aceptar regenerarse. El problema no se puede simplemente archivar después del 9N, pues la gente no va a dejar de reclamar su derecho a decidir sobre su futuro. Hay un problema de expresión y de control democrático de las instituciones que solo puede terminar cuando la voluntad popular prevalezca por encima de la casta política y económica.

Si se es demócrata, tiene que terminar prevaleciendo la voluntad democrática del pueblo.

Ahora mismo, el panorama político en España muestra que el gobierno de Rajoy se cierra en banda a la voz popular, quiere amordazarla y evita reconocer sus responsabilidades políticas ante la corrupción, los recortes, los problemas territoriales y la falta de calidad democrática.

Lamentablemente Europa calla en gran medida porque el gobierno del PP se ha mostrado muy obediente al aplicar sus políticas neoliberales, los recortes y restricciones de derechos. Ahora bien, por lo que dicen las encuestas sobre la intención de voto de los españoles en las próximas elecciones, Europa y el mundo comienzan a ver que se está en las inmediaciones de un profundo cambio político. Y los gobiernos venideros quizás no sean tan obedientes.