En cambio avanzan a enorme velocidad otros fenómenos-inter con gran impacto económico. Así, aunque en noviembre del 2017 el famoso Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre los Estados Unidos y la UE está bloqueado en su conflictiva negociación sobre todo por la posición de la administración Trump, es innegable el creciente imperio de la Lex mercatoria en la turboglobalización neoliberal e incluso en la gobernanza mundial heredera del llamado Consenso de Washington (Williamson, 1989).
Quizás el ejemplo más significativo, que probablemente será el modelo de
muchos fenómenos-inter futuros, es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP), firmado el 2015 y que actualmente el presidente Trump bloquea. Ahora mismo afecta el 40% del PIB mundial pues, aunque excluye a la
China, incluye Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Frente a ese decidido avance de la
turboglobalización bajo hegemonía de la lex mercatoria, van mucho más lentos
los procesos de interconstitucionalidad que habrían de garantizar los derechos
fundamentales y humanos. Es el caso por ejemplo de la Corte Penal
Internacional, la Corte Interaméricana de Derechos Humanos o el complejo marco
jurídico que actualmente construye la Unión Europea. Incluso más allá de
reconocer su retraso frente al avance de los conflictos apuntados y sin
quitarles los muchos méritos que tienen, esos procesos inter y
transconstitucionales parecen desarrollarse de una forma muy parecida (casi
diríamos “contagiada”) a la modernidad capitalista que se caracteriza –como
hemos apuntado- por unas ciegas, imprevisibles e incontrolables “destrucción
creativa” (Schumpeter, 1966) o “compulsión impersonal” (Hayek, 2008).
Ciertamente su dinámica actual tiene muy poco que
ver con los procesos constitucionales tradicionales o con la famosa pirámide jurídica
de Kelsen. Tan sólo mencionaremos un ejemplo en tal dirección. El largo proceso
para la redacción y aprobación de una Constitución Europea tuvo que abandonarse
ante el poco entusiasmo de la población y al ser rechazada en los referéndums
de Francia y Holanda del 2005. Esa ratificación fallida llevó a la firma del
Tratado de Lisboa que quiere funcionar como constitución pero -en realidad
(Gordillo, 2005)- es un acuerdo entre Estados que fue ratificado por estos en
un largo proceso entre el 2007 y el 2009.
Con los profesores especialistas en el marco jurídico de la Unión Europea Alessandra Silveira (2011 y 2010), Teresa Freixes (Freixes y Román, 2015) y José Carlos Remotti, hemos discutido largamente los complejos mecanismos (no tradicionales y a multinivel) con que la UE se está construyendo y que deben garantizar los derechos fundamentales. No dudamos que se está avanzando en un proceso complejo y lento pero eficaz y de gran valor para la población a través de la colaboración de los tribunales de distintos niveles de la Unión Europea y los estados miembros (Freixes, Remotti, Marrani y otros, 2012).
Ahora bien, a pesar de su lentitud, contradicciones,
monstruosa descompensación, complejidad y falta de la guía de una constitución
formal, las integraciones jurídicas que se están generando en la UE y en otras
zonas tienen aportaciones muy valiosas. De facto pero también de iure van
creando una profunda y poderosa interconstitucionalidad (Canotilho, 2012) que
cada vez tiene mayor impacto no solo en las instituciones sino también en la
vida de la gente.
Sus mecanismos e impulsos son muy diversos, plurales y en constante retroalimentación mutua. Incluyen las presiones y reclamaciones de la ciudadanía, las sentencias y dictámenes de los tribunales europeos o estatales en sus diversos niveles, las acciones del Parlamento europeo y la Comisión Europea con las distintas instituciones asociadas, y finalmente los gobiernos y instituciones estatales.
Con los profesores especialistas en el marco jurídico de la Unión Europea Alessandra Silveira (2011 y 2010), Teresa Freixes (Freixes y Román, 2015) y José Carlos Remotti, hemos discutido largamente los complejos mecanismos (no tradicionales y a multinivel) con que la UE se está construyendo y que deben garantizar los derechos fundamentales. No dudamos que se está avanzando en un proceso complejo y lento pero eficaz y de gran valor para la población a través de la colaboración de los tribunales de distintos niveles de la Unión Europea y los estados miembros (Freixes, Remotti, Marrani y otros, 2012).
Ahora bien desde una perspectiva general y “macro” se aproxima peligrosamente a las mencionadas “destrucción creativa” y “compulsión impersonal”. Incluso en algunos aspectos se avanza a través de mecanismos cercanos al polémico fenómeno brasileño del “ativismo judiciario” como hemos comentado en otros foros.Véanse los posts de nuestro blog MacroFILOSOFIA: ATIVISMO JUDICIAL E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, A PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO y VIOLÊNCIA DEGÊNERO, INTERCULTURALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE.
Sus mecanismos e impulsos son muy diversos, plurales y en constante retroalimentación mutua. Incluyen las presiones y reclamaciones de la ciudadanía, las sentencias y dictámenes de los tribunales europeos o estatales en sus diversos niveles, las acciones del Parlamento europeo y la Comisión Europea con las distintas instituciones asociadas, y finalmente los gobiernos y instituciones estatales.
La UE se está construyendo ahora mismo quizás más en
la línea jurisprudencial típica del mundo anglosajón que no en la
constitucional tradicional de –paradojalmente- los dos grandes líderes:
Alemania y Francia. Al respecto, resulta del todo evidente que el referéndum
británico de salida ordenada de la Unión Europea (que, además y como se sabe,
ha provocado importantes reacciones en los gobiernos de Escocia, Irlanda del
Norte, Gibraltar…) se convertirá seguramente en un nuevo y decisivo impulso que
obligará a significativos avances interconstitucionales en la UE.
No sabemos ahora mismo, hacia donde impulsará a la
UE, pero todo el mundo intuye que constituirá un significativo salto
cualitativo, hacia adelante o hacia atrás. Al respecto el resultado de las
elecciones de Holanda y Francia (en esta última el presidente Macron ha
derrotado con sorprendente facilidad a la ultraderechista Le Pen) han
representado un cierto alivio y optimismo, pero no han conseguido desvanecer
las negras nubes que todavía presiden el “cielo” de la Unión Europea.
Pero no solo la UE ha de reaccionar y adaptarse a los retos actuales, incluso los Estados nacionales deben hacerlo. Hemos visto como grandes sectores de la población no se sienten suficientemente atendidos por sus pretendidos “representantes” políticos, que han perdido “autoridad” o “legitimidad” para ellos. El grito de los "indignados" “¡no nos representan!” ha calado profundamente en gran parte de la población que, desorientada, reacciona angustiadamente oscilando entre la xenofobia, el populismo de derechas, el de izquierdas o el altermundismo. Por eso en las sucesivas elecciones democráticas se constata la aparición de nuevos partidos, de una “nueva política” y de una esperanzadora nueva legitimidad.
En la gobernanza mundial actual y en la turboglobalización económico-tecnológica, el poder efectivo de una elite y los flujos financieros globalizados superan las fronteras de los Estados, mientras que -en cambio- la política formal continúa muy territorializada y limitada a lo “nacional” (Mayos, en prensa). Además, se ha consolidado ya una muy poderosa élite globalizada que, cada vez más, no se siente comprometida con sus países de origen, especialmente por lo que respecta al pago de impuestos y a las consecuencias de la circulación de los capitales y deslocalización de las empresas (Mayos, 2015). El nacionalismo económico ahora mismo parece una quimera con poco futuro y los damnificados por esa situación lo perciben perfectamente, aumentando su angustia y desafección que amenaza deslegitimar mecanismos democráticos clave.
Aunque coincidimos con Sassen (2010) en que mantiene una notable
relevancia actual, no parece tener mucho futuro el Estado-nación, al menos en sus versiones más autárquicas y basadas en fronteras estancas, pues la crisis
post2008 ha demostrado que los flujos turboglobalizados lo penetran y
determinan fácilmente. Tampoco parece que los fenómenos interculturales e
interconstitucionales vayan a detenerse, pues los impulsa una integración
económica y tecnológica mundial que más bien se acelera. El problema ahora
mismo es que (como argumentó Bauman antes de morir) el Estado-nación moderno,
así como la política y las instituciones democráticas vinculadas a él, no
nacieron ni están demasiado preparadas para encarar los muy poderosos y
turboglobalizados fenómenos-inter que hoy definen los retos, malestares y
conflictos de la humanidad.
En la gobernanza mundial actual y en la turboglobalización económico-tecnológica, el poder efectivo de una elite y los flujos financieros globalizados superan las fronteras de los Estados, mientras que -en cambio- la política formal continúa muy territorializada y limitada a lo “nacional” (Mayos, en prensa). Además, se ha consolidado ya una muy poderosa élite globalizada que, cada vez más, no se siente comprometida con sus países de origen, especialmente por lo que respecta al pago de impuestos y a las consecuencias de la circulación de los capitales y deslocalización de las empresas (Mayos, 2015). El nacionalismo económico ahora mismo parece una quimera con poco futuro y los damnificados por esa situación lo perciben perfectamente, aumentando su angustia y desafección que amenaza deslegitimar mecanismos democráticos clave.
Del artículo de G. Mayos
“Conflictos de legitimación en la turboglobalización” en Legitimidad y acción política, Norbert Bilbeny (Coord.) con Daniel
Innerarity, José Manuel Bermudo, José A. Estévez, Félix Ovejero, Ignaci
Terradas, Jule Goikoetxea, Iñigo González, Francisco Corrales, Martha Palacio,
Ander Errasti, Miguel Mandujano, Lluís Pla, Norbert Bilbeny y Gonçal Mayos,
Universitat de Barcelona, 2018, pp. 317-338. ISBN: 978-84-9168-139-7.
Véanse los post:
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